El Senado votó para que siga en vigencia la Ley de emergencia en discapacidad. Con los frentes económico y electoral convulsionados, la Casa Rosada postergaría cualquier decisión. Se analizaba judicializar el caso o pedir que se declare nula la sesión, pero anoche cerca de Milei recalculaban
En la previa de las inciertas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y atravesado por acusaciones sobre supuesta corrupción, el Gobierno postergará todo lo posible cualquier decisión sobre el más reciente revés político: la derrota en la votación sobre el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado. Con el Presidente fuera del país, sus más altos asesores evalúan cómo responder a la embestida opositora, y no descartan evitar cualquier movimiento.
“Cuando nos llegue (la ley) veremos”, dijeron cerca del primer mandatario, decidido a evitar definiciones en un momento de reflexión. En todo caso, dijeron, actuarán luego del regreso al país de Javier Milei, que se encuentra en Estados Unidos desde ayer para mantener una serie de encuentros con empresarios estadounidenses de distintos rubros de la economía. Estará de regreso el sábado por la madrugada, en plena veda, cuando haya terminado la semana hábil, por lo que cualquier decisión se conocerá, como mínimo, a partir de la próxima.
El Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para promulgar la ley de emergencia en Discapacidad (está obligado a hacerlo). Y Milei llevará al límite del plazo cualquier decisión, advertían anoche, en la previa del partido de la Selección, en Balcarce 50. “Estamos tranquilos”, acotó un funcionario, a pesar de que ayer la Cámara alta no sólo rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, sino que aprobó, también, la modificación del régimen que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia a los que Milei se vio obligado a acudir para sortear los escollos de negociar en debilidad en el Congreso. Si ese proyecto, que ahora tiene media sanción, se aprobara en Diputados, podría complicar aún más la gobernabilidad libertaria en el segundo tramo de su mandato.
Sin embargo, hacia el final de la jornada, altos funcionarios muy cercanos al jefe de Estado, así como legisladores de peso de La Libertad Avanza, indicaron que la posibilidad de judicializar estaba en duda. También, la opción de acudir a la Corte Suprema para pedir que se declaren nulas las sesiones en el recinto que llevaron al rechazo del veto. “No la veo”, dijo uno ante la consulta de Infobae. “No creo”, acotó otro.
Según argumentaron, la decisión de recalcular el plan para sostener el veto o evitar que se aplique la ley no se debe a lo antipático que podría resultar para la sociedad. En cambio, argumentaron que responde, más bien, a su inviabilidad. En parte, porque implica avanzar sobre otro poder del Estado. En este caso, el Legislativo, que a través del Senado volvió a darle vigencia a la emergencia en discapacidad pese a la resistencia del gobierno nacional y con una amplia mayoría opositora de 63 votos a favor y sólo 7 en contra.
De todas formas, no todo está dicho. La estrategia del Gobierno frente a un Congreso que aumenta los niveles de adversidad a medida que se acercan los comicios, es ganar tiempo. Si bien en este caso no pueden esperar hasta octubre, cuando se celebran elecciones nacionales legislativas, al judicializar podrían postergar la erogación de fondos para discapacidad.