El país se juega buena parte de su futuro económico ante la Corte de Apelaciones, que revisará la sentencia en primera instancia que ya llega a USD 18.000 millones por la expropiación de la petrolera, en medio de una crisis de reservas y alta incertidumbre
Hoy se hará en Nueva York la audiencia de apelación en el juicio por la expropiación de YPF. El país enfrenta una condena en primera instancia que, con intereses que corren desde el fallo de primera instancia de 2023, ya asciende a unos USD 18.000 millones, una suma que resulta prácticamente impagable para una economía que atraviesa una etapa de incertidumbre y escasez de divisas.
El proceso judicial, que se inició hace más de una década, ha atravesado los últimos cuatro mandatos (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei) y se convirtió en el mayor litigio de la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. La causa se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y acumula una serie de fallos adversos para el país.
La audiencia de apelación se desarrollará en el Thurgood Marshall United States Courthouse, en el sur de Manhattan, y estará a cargo de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.
Se espera una jornada corta, pero “caliente”, con magistrados que podrían levantar la voz y hasta increpar a las partes. Parte del procedimiento, que no debería servir para sacar conclusiones rápidas, según Burford. “Intentar inferir la inclinación de un juez a partir de su comportamiento durante la audiencia no es un método confiable”, advirtió el bufete inglés en un comunicado de la semana pasada. Fue la primera vez que “habló” sobre la causa (suele referirse a ella en sus informes trimestrales antes sus inversores ya que es, por lejos, la mayor demanda de su cartera).
El equipo de defensa de Argentina estará encabezado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, junto con el estudio Sullivan & Cromwell LLP, responsable de la exposición ante la corte estadounidense. Los funcionarios argentinos no podrán intervenir directamente durante la audiencia.
La estrategia de la defensa argentina se centrará en cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y en impugnar tanto el monto total de la sentencia como el cálculo de los intereses. “La defensa va a ir por los carriles esperados. La realidad es que este juicio nunca debió hacerse en EEUU, no tiene jurisdicción. Tenemos argumentos técnicos para demostrarlo, también hay temas incorrectos como el monto total de la sentencia y los intereses aplicados”, señalaron fuentes cercanas a la PTN.
“Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, afirmó Burford, por su parte. La firma no está exenta de polémicas, como detalló Infobae ayer.
El desenlace de la apelación no tiene fecha: la Cámara puede tomarse el tiempo que crea necesario para decidir, aunque se cree que, según los antecedentes, no será antes de siete meses. La parte disconforme podrá solicitar una reconsideración ante el mismo panel o una revisión en pleno, aunque esta última es poco frecuente. Posteriormente, cualquiera de las partes podrá pedir la revisión del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que solo acepta un número muy reducido de casos cada año.
El impacto potencial de una reducción en el monto de la condena es considerable. Fuentes del caso estiman que, si el fallo se recalculara con “interés cero”, la sentencia podría situarse en torno a USD 5.000 millones. Si se modificara también el monto principal, la cifra sería aún menor. “Los USD 16.000 millones son una locura que nunca debería haber ocurrido. Es una sentencia que no se condice con el prestigio que tiene Preska”, afirmaron fuentes cercanas a la PTN, que también calificaron a Burford como un “fondo buitre, con bolsillos casi infinitos para llevar adelante esta causa”.
La audiencia se celebrará apenas dos días y medio después de las elecciones de medio término en Argentina, en un contexto de volatilidad en los mercados y expectativas sobre eventuales cambios en la política económica y en el esquema de asistencia de Estados Unidos.