Se trata de la empresa AES Corporation, que espera cobrar por un reclamo iniciado en 2002 en el CIADI
La empresa norteamericana del sector de electricidad AES presentó una demanda contra la Argentina en una corte de Washington buscando reconocimiento de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) por USD 732 millones y pidió autorización para ejecutar la sentencia en EEUU.
El motivo del juicio, perdido por la Argentina, es la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, situada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Sucede que tras la salida de la convertibilidad a fines de 2001, Argentina modificó unilateralmente las condiciones contractuales que establecían ingresos en dólares, lo que derivó en una pérdida para los concesionarios.
AES formalizó su reclamo ante el CIADI, perteneciente al Banco Mundial, el 19 de diciembre de 2002, poco menos de un año después de la pesificación. Lo hizo tras considerar agotadas las instancias judiciales en el país, conforme a lo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y EEUU en 1991, que establece al CIADI como instancia final para resolver este tipo de controversias.
“Todo esto está hecho para que Argentina se siente a negociar. Y yo no descarto que el presidente Milei, cuando busque privatizar esas energéticas o las reservas de Alicurá, las dé como parte de pago o como pago”, opinó.
La actual condena se inscribe en un contexto más amplio: además de los USD 16.100 millones reclamados por Burford Capital por la estatización de YPF, se enfrentan en el CIADI otros 6 juicios internacionales, que junto al de AES, totalizan unos USD 1.500 millones.
El caso BA Desarrollos LLC permanece en trámite y responde a un reclamo por USD 58.319.315, vinculado a la escrituración de terrenos destinados al proyecto Catalinas Norte II. El tribunal arbitral se constituyó en noviembre de 2023, y actualmente las partes se encuentran en la etapa de intercambio de escritos.
El expediente correspondiente a Abertis Infraestructuras también sigue pendiente de resolución. El reclamo alcanza los USD 295.762.164,79, debido a la supuesta destrucción del régimen tarifario pactado en las concesiones viales de AUSOL y GCO, así como a la nulidad judicial de dichos acuerdos. El proceso continúa con presentaciones de las partes, sin que se haya emitido laudo hasta el momento.
En el caso de IJM Corporation Berhad, la firma de origen malayo reclama USD 51.131.719 por la presunta destrucción del régimen tarifario en el contrato de concesión de GCO, además de la nulidad judicial del acuerdo. El expediente sigue abierto, con memoriales en curso y sin laudo emitido.
El caso Webuild (ex Salini Impregilo) cuenta con un laudo arbitral dictado en abril de 2025. El tribunal concedió USD 147.031.036,74 en concepto de indemnización, más USD 5.599.991,25 por costas, lo que totaliza USD 152.631.027,99. El reclamo se originó por la afectación de la participación de la empresa en la concesionaria Puentes del Litoral S.A., como consecuencia de las medidas de emergencia adoptadas tras la crisis de 2001.
El expediente de Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. también continúa en curso y no tiene laudo emitido. La compañía reclama USD 157.000.000, en relación con la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP mediante la Ley 26.425, y su traspaso al sistema previsional de reparto. Las audiencias ya fueron celebradas y se espera la decisión del tribunal.
Por último, Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft recibieron un laudo en noviembre de 2021 por un total de USD 21.660.000, tras la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar que la empresa ENJASA poseía en la provincia de Salta. El caso se encuentra en la etapa de análisis de un pedido de anulación del laudo.
Sobre estos casos, Maril consideró: “Ninguno está tan avanzado como para que haya una sentencia firme cerca. El CIADI es muy lento y no creo que haya un fallo tan inminente”.