Es una problemática que afecta a todos los productores en de Mendoza. Indicaron que no tuvieron más respuesta del Ministerio de Seguridad ni del Ministerio Público Fiscal
Los robos y asaltos en todas las zonas rurales de Mendoza son moneda corriente a toda hora del día para los productores, quienes reclaman hace tiempo que se implementen políticas públicas de seguridad para trabajar con tranquilidad, y especialmente, que los delincuentes no se sientan impunes. La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), y otros sectores, reclamaron acciones directas del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal.
“La situación es tan alarmante e insostenible que nos pasa en toda la provincia donde las cooperativas tenemos productores, y a otras entidades que no son vitivinícolas les pasa lo mismo. Son robos desde maquinaria, tractores, rastras, hasta el ingreso a las viviendas, como también a las bodegas”, detalló Nicolás Vicchi, subgerente de ACOVI.
Como ejemplo expuso la situación de una cooperativa de la Zona Este a la cual le robaron tres veces en pocos meses y el valor superó los $10 millones.
“Las características de los robos en zonas rurales es que rápidamente se mueven por las calles internas y se pasan de un departamento a otro. Roban una rastra o pulverizadora y la cargan en un camión. El robo fue en Lavalle y en 40 minutos están en San Martín o en Guaymallén”, indicó Vicchi.
Reclamo de seguridad
El empresario indicó que a fines del 2020 comenzaron con reuniones con las cooperativas y los comisarios de las diferentes zonas de la provincia, a quienes les expresaron las diferentes situaciones y problemáticas de inseguridad que viven a diario.
“A fines del 2021 tuvimos reuniones con la cúpula de la Policía, con el director en ese momento, Roberto Munives, y también con el Ministerio Público Fiscal y otras entidades. Les hicimos una radiografía, un diagnóstico completo de la situación, donde explicamos que no solo robaban a los productores sino también los cables por el cobre, los transformadores, las viviendas quedaban sin luz y estaban más desprotegidos todavía. Además el robo de las membranas de los reservorios de agua que hay en San Martín y Lavalle que no se pueden usar”, detalló el subgerente de ACOVI.
Y agregó: “Quedamos con ambos organismos que íbamos a hacer reuniones periódicas focalizadas en los departamentos, con los fiscales, comisarios de la zona, los municipios y las entidades. Pero hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Desde ACOVI hasta les presentamos algunas propuestas tanto para la policía como para las fiscalías, pero no pasó nada”.
Uno de los reclamos puntuales de la asociación es que la Policía Rural “tiene que cumplir con su rol, es una fuerza especializada y no está ni equipada. No está actuando de la manera que debe actuar”.
“Les pedimos que hicieran fiscalías especializadas en delitos rurales. Las denuncias online no se pueden ampliar. Nosotros somos proclives a que los productores hagan las denuncias, hasta hicimos una guía de denuncia online, porque sin eso no tenés estadísticas, no tenés evidencias, y es necesario para una política pública”, sostuvo Vicchi, pero sobre este aspecto tampoco tuvieron respuesta.
Plan de acción
“La prevención y disuasión se traduce en que el delincuente tenga en su imaginario que hay mucho riesgo que lo detengan, y además hay mucho riesgo que lo condenen. Si no están esos dos factores entonces la política de seguridad está fundada sobre arena. Sino el delincuente se siente impune y no pasa nada”, manifestó.
Nicolás Vicchi sostuvo que a fines de noviembre del 2021 se habían reunido con el Director de Policías, Roberto Munives, quien en enero fue echado por el ministro Raúl Levrino tras el escándalo ocurrido en Aconcagua. En su lugar fue nombrado Marcelo Calipo, quien era Subdirector.
“No hablamos nunca con Calipo, no tuvimos comunicación con él. Y lo que escuché del nuevo jefe por los medios de comunicación es que hay un plan de seguridad, que hay un equipo que continúa trabajando y no hay un cambio en el actuar de la Policía, así que entiendo que la nota que habíamos presentado la debe tener”, expresó.
Y destacó: “La situación es tan apremiante que si nos volvemos a juntar tiene que ser para definir un plan de acción para mañana mismo. No podemos perder tiempo en volver a explicar toda la situación. Acá necesitamos actuar, ejecutar. Los productores tenemos las manos atadas”.
Se pasan la pelota
El referente de ACOVI indicó que “hay zonas de corralones donde se sabe que están las cosas robadas. Algunas víctimas hablaron con la Policía y les dijeron que no podían hacer allanamientos porque no tenían la orden del fiscal. Habló con el fiscal y le dijo que la Policía no le llevó el informe. Se traspasan responsabilidades y no ejecutan“.
Y contó que un productor fue hasta un galpón donde habló con un hombre a quien le dijo que quería comprar una máquina con ciertas características, “cuando pasó vio una habitación llena de cosas supuestamente robadas“.
Inseguridad generalizada
Esta situación le afecta a todos los productores de la provincia. Guillermo San Martín, de la Asociación de productores de ajo de Mendoza, dijo que en los últimos dos años los hechos de inseguridad aumentaron notoriamente.
“A nosotros nos impacta mucho esta problemática. A principios de este año hubo tres atracos a productores en los días de pago de salarios y se llevaron millones de pesos“, indicó San Martín.
“En el sector hortícola un problema que tenemos es que no están bancarizados los pagos y se manejan grandes cantidades de efectivo. Desde la Cámara trabajamos para incentivar a que se bancaricen los pagos, incluso para los empleados, y aquellos trabajadores que no quieran que se les pague por banco por alguna situación personal, buscarle la manera por algún otro método”, para evitar que sean asaltados el día de cobro.
Pero, debido a esta problemática y el riesgo que implica, los productores deben contratar policías para tener una mínima tranquilidad que no van a ser asaltados mientras pagan los salarios.
“Normalmente se trata de trabajar con los policías rurales no solo los días de pago, sino para que anden por la zona o estén cerca, pero muchos productores hasta les prestan vehículos para que hagan ese trabajo porque no tienen móviles“, explicó San Martín. Sostuvo que si bien ahora vieron que hay móviles nuevos, de todas formas no alcanza.
“La situación es mala socialmente y la necesidad es mucha. La gente que entra a robar está descontrolada, afortunadamente no pasó una desgracia, pero es una situación muy complicada y traumática para las personas que la sufren. La empresa pierde dinero, la gente se va sin su pago. Y realmente lo dejan a uno sin ganas de seguir trabajando“, expresó.