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Revuelo en la Corte y una posible licencia por el escándalo en el Consejo de la Magistratura

Los ministros del máximo Tribunal se reunieron para analizar la situación del órgano encargado de la evaluación y selección de jueces.

Las esquirlas de la bomba que explotó en el seno del Consejo de la Magistratura llegaron a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM). El escándalo por presunto tráfico de influencias, que derivó en denuncias penales, obligó a los ministros del alto tribunal a tomar cartas en el asunto y a reunirse este jueves por la mañana para analizar el caso.

Todas las miradas apuntaron a la jueza María Teresa Day, representante de la Corte en el órgano encargado de la evaluación y selección de magistrados. El malestar de algunos de sus pares se remonta a comienzos de julio, cuando el Consejo de la Magistratura tomó la polémica decisión de disolver la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución y Faltas por presuntas irregularidades en los exámenes para un cargo de fiscal de Instrucción. Luego, se dio marcha atrás con esa medida.

Según trascendió, la mayoría de los jueces de la SCJM no fue informada sobre la eliminación y la posterior rectificación, y se enteró de ambas determinaciones a través de los medios. Posteriormente llegaron las denuncias penales que presentaron Leonardo Pasccon, que representa a la Federación de Abogados por la Primera Circunscripción Judicial, y de La Unión Mendocina (LAUM). Por falsificación de actas y coacciones en el Colegio de Abogados, el primero; y por tráfico de influencias, en el caso del frente liderado por Omar de Marchi.

Este jueces, Day tuvo que dar explicaciones a los otros ministros de la Corte. Incluso, existió una sugerencia para que renunciara a su sillón en el Consejo de la Magistratura, aunque no se alcanzó la mayoría necesaria para avanzar con esa medida extrema.

Entonces, ante la falta de acuerdo, se habría llegado a una decisión salomónica. De acuerdo con fuentes judiciales, Day se tomará una suerte de “licencia” extraoficial y no participará en las reuniones del Consejo, al menos por un mes, hasta que se aclare el escándalo político y judicial que rodea tanto a ese órgano como la entidad que nuclea a los profesionales del derecho.

 

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