La Coalición Cívica hizo una presentación ante la Unidad de Información Financiera que luego se sumó a las causas en trámite. El juez federal de Campana abrió la feria judicial porque entendió que son hechos nuevos
El negocio oscuro de las fotomultas no terminó. Hasta hace pocos días, las “promociones” para pagar multas con descuento se ofrecían por redes sociales y se tramitaban en locales comerciales, a la vista de todos. Ese sistema oscuro, en un país que incrementa a diario las muertes en siniestros viales, tenía como protagonistas a funcionarios corruptos, incluso en el Poder Judicial, y terminó eyectando de su cargo al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio. La investigación judicial acaba de sumar nuevos protagonistas: la Coalición Cívica denunció que detrás de las protagonistas hay una financiera trucha y hasta un barra de Boca Juniors.
Este lunes, los abogados de D’Donofrio le pidieron tener acceso a ese legajo reservado para tener cierto control de los datos sensibles que se ventilan. Ayer, el magistrado rechazó de plano esa posibilidad.
Ahora, la apertura de la feria tiene efecto para toda la causa.
La presentación de la Coalición Cívica suma nuevos protagonistas a la trama. Una de las personas denunciadas es Cristian Germán Ojeda, dueño de unas canchas de fútbol 5 donde funciona una peña de Boca Juniors. Hay numerosos videos en redes sociales sobre su actividad en el mundo Xeneize, aunque no tendría vínculo alguno con la barra oficial. Su aparición en la causa, sin embargo, no tiene que ver con el fútbol. Ojeda integra la sociedad Token Capital, inscripta ante la AFIP para tareas de “asesoramiento financiero, préstamos, y hasta análisis de negocios”. Según la denuncia, esa financiera operaría en un reconocido hotel de Pilar.
A pocos metros, también dentro del mismo hotel, funciona una peluquería. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Pombo, que no aparece en los papeles. “Token Capital SA sería la empresa a cargo de pagar los sueldos de los empleados de la peluquería”, dice la presentación firmada por Elisa Carrió, la diputada Paula Oliveto, y el titular de la CC de Pilar, Matías Yofe.
Pero hay más. La financiera no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central. “Es una sociedad anónima que realiza actividades financieras, como otorgar préstamos. Este tipo de actividad es susceptible de estar alcanzada por la Ley de Entidades Financieras (Ley N.° 21.526), ya sea como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo, y bancos públicos, o por ser unas entidades financieras no bancarias como cooperativas de crédito y financieras”, explica la denuncia.
Ojeda también aparece en “Franutec SA”, una de las empresas beneficiadas en el negocio millonario de la VTV, controlado desde el Ministerio que conducía D’Onofrio. Concretamente, esa firma, creada en 2023, integra una UTE a la que le adjudicaron las zonas 5, 9 y 16 de la provincia de Buenos Aires. Eso incluye partidos como Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, Florencia Varela, entre otros.
Al igual que otros imputados en la causa, el barra de Boca acumula millas en el exterior del país. No es todo. Su casamiento, con limusina incluida, se hizo en el mismo hotel donde funcionaría la cueva y la famosa peluquería. Los videos circularon por las redes sociales.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa también fueron imputados la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
Antes de la feria, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
Los números impactan. En 2023, el juez Mario Quattrochi, que viajaba por el mundo junto a Claudia Pombo, juzgó casi el 40% del total de las causas de toda la provincia de Buenos Aires. El año pasado, el mismo juez manejó casi el 45% de las multas hasta que explotó el escándalo. Ya fue corrido de San Isidro, pero sigue actuando como juez de faltas en La Plata.
El protagonista de la trama, el ex ministro D’Onofrio, se corrió de la escena pública. Y hasta decidió cerrar sus redes sociales.